El fiscal pide que se declare la quiebra de «Egin»

Reconoce que el cierre ha generado su inviabilidad económica

GARA | MADRID

El fiscal de la Audiencia Nacional ha solicitado al juez Baltasar Garzón, que instruye el sumario sobre el diario "Egin" y las empresas vincualdas a éste, que proceda, ante la inviabilidad del grupo de empresas que se refleja en el informe realizado por el administrador judicial nombrado por el magistrado, a tomar las medidas necesarias para garantizar el cobro de los acreedores, las cuales pasan por declarar o bien la quiebra o la suspensión de pagos, según informaron fuentes jurídicas.

El informe mencionado fue solicitado por Garzón en agosto de este año, cuando, mediante un auto, acordó para el 1 de octubre el alzamiento de la suspensión de actividades del diario "Egin" y de la emisora Egin Irratia, decretada el 14 de julio de 1998 por la «presunta vinculación de la empresa Orain S.A. con el entramado financiero de ETA».

A pesar de que entonces varios medios de comunicación interpretaron que "Egin" volvería a ver la luz en octubre, el tiempo ha demostrado que esto no será así. De hecho, un grupo de trabajadores del diario y de la emisora clausurados acudió al polígono Eziago de Hernani el 1 de octubre con la intención de acceder a sus instalaciones, pero las encontraron cerradas y precintadas, igual que el 15 de julio del año pasado.

Garzón exigió un informe económico-financiero realizado por el administrador judicial que asegurara la viabilidad y protección de los intereses que pesan sobre los bienes y efectos intervenidos en el ámbito financiero antes de proceder a la efectiva apertura de las instalaciones clausuradas en Hernani, Bilbo, Iruñea y Gasteiz.

El informe remitido al Juzgado reconoce que el cierre de "Egin" y Egin Irratia ha supuesto su estrangulamiento económico, ya que mantiene que su situación financiera, «que ya era crítica antes de su cierre, ha empeorado durante el tiempo que ha estado clausurado, puesto que las deudas superan, en gran cantidad, a los posibles ingresos», por lo que reitera la inviabilidad de mantener el proyecto.

Pago de las deudas contraídas

Ante ello, el fiscal de la Audiencia Nacional ha solicitado al juez que se proceda al desarrollo de las medidas oportunas para garantizar el cobro de las deudas a los acreedores, que son la Seguridad Social, Hacienda y los trabajadores.

Las medidas que garantizarían el cobro por parte de los acreedores pasan por la declaración de quiebra total de todas las empresas o la suspensión de pagos, si bien la primera opción es la más conveniente en este tipo de casos.

Actualmente, se mantiene la administración judicial, así como la intervención de cuentas bancarias, embargos y depósitos de bienes y efectos del diario y de la emisora por plazo de seis meses (hasta el 1 de marzo del 2000), sin perjuicio de alzamiento previo o prórroga posterior, según proceda.

Baltasar Garzón justificó esta medida como prevención, ya que, según relataba en su auto, «el grupo empresarial se encontraba en situación de quiebra técnica». El juez subrayaba que el mantenimiento de las medidas de administración judicial, embargo y depósito «no afecta ni interfiere el libre ejercicio del derecho de información u opinión, ya que se trata exclusivamente de un control económico y financiero».

Ahora, Garzón deberá aceptar o rechazar la petición del fiscal sobre la quiebra o la suspensión de pagos de Orain S.A. y del resto de empresas.